Versiòn Portafolio.
La Contraloría General de la República advirtió a la Superintendencia Nacional de Salud por el deterioro crítico y sostenido de las EPS bajo intervención forzosa administrativa, al señalar que las medidas adoptadas no estarían logrando estabilizar el sistema.
El pronunciamiento del órgano de control eleva la presión sobre la gestión de las EPS intervenidas, entre ellas Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, que presentan incumplimientos en indicadores financieros y jurídicos. En el caso de Nueva EPS, la Contraloría alertó que la entidad no cuenta con estados financieros certificados, lo que limita la validación de su información financiera ante el ente de control.
Tras un seguimiento permanente, la Contraloría concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema. Por el contrario, el comunicado advierte que las EPS bajo administración de la Superintendencia no han logrado una mejora estructural en sus indicadores y mantienen condiciones críticas.
Esa situación, según el ente de control, refleja un deterioro que puede afectar la sostenibilidad financiera y la prestación del servicio de salud.
La advertencia se concentra en el efecto que este deterioro puede tener sobre los recursos públicos del sistema y sobre la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores. En un sector donde los pagos, reservas, anticipos y obligaciones pendientes definen la capacidad de atención, el crecimiento de los pasivos y la falta de información certificada se convierten en señales de riesgo para toda la cadena de prestación.
Uno de los casos más sensibles es el de Nueva EPS, descrita por la Contraloría como la entidad más grande del país, con 11,6 millones de afiliados. El órgano de control señaló que no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025, situación que impide validar la veracidad de su información contable. Además, identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
Nueva EPS, Coosalud y Famisanar concentran alertas financieras
El comunicado también advierte un deterioro del endeudamiento en varias entidades. En Savia Salud, el indicador pasó de 4,41 a 11,73, lo que equivale a un aumento de 166%.
Coosalud y Famisanar, por su parte, registran indicadores de solvencia en niveles críticos, con patrimonios que se hunden en cifras negativas millonarias, según la información presentada por la Contraloría General de la República.
Para Famisanar EPS S.A.S., el deterioro pasó de un estado aceptable de 1,00 a una condición crítica de 4,08 a diciembre de 2025. El comunicado precisa que un indicador de endeudamiento menor a 0,70 se considera bueno, entre 0,70 y 1,0 aceptable, y superior a 1,0 crítico. Bajo esa escala, el cambio reportado refleja un incremento sustancial del riesgo financiero y una pérdida acelerada de estabilidad.
El aumento de pasivos es otro de los focos de preocupación. Según el autorreporte cargado por las EPS intervenidas a la Superintendencia Nacional de Salud, los pasivos de Coosalud EPS subieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. Para la Contraloría, esa variación evidencia un deterioro financiero progresivo y mayores obligaciones frente a la red prestadora y otros acreedores.
La situación patrimonial también muestra señales críticas. Famisanar pasó de un patrimonio de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones a finales de 2025. A esto se suma que la rentabilidad operacional de las EPS analizadas es negativa, lo que limita su capacidad para sostener la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad, de acuerdo con el balance presentado por el ente de control.
La advertencia de la Contraloría no se limita a los estados financieros. El órgano de control también señaló niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos dentro de las EPS analizadas e intervenidas. Ese punto conecta el deterioro financiero con el acceso efectivo al servicio, pues los retrasos o negaciones en medicamentos suelen reflejarse directamente en la experiencia de los usuarios y en la presión sobre otros mecanismos de atención.
El acceso al derecho fundamental a la salud por vía judicial también aparece comprometido. Según el comunicado, ninguna de las ocho entidades en medida de intervención —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el 100% de cumplimiento de fallos de tutela. El caso más bajo es Emssanar, con solo 4,48% de cumplimiento en tutelas que buscan proteger el derecho a la salud.
La insatisfacción de los usuarios también alcanzó niveles históricos durante 2025. Las peticiones, quejas y reclamos llegaron a 2.061.661, un incremento de 27,4% frente a 2024. Nueva EPS concentró el mayor número de casos, con 518.211, seguida por Salud Total, con 276.010, y Sanitas, con 265.896. Los principales motivos fueron la negación en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en citas médicas.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra fue enfático al señalar el alcance de la alerta.
“La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”, indicó.
La Contraloría convocará la próxima semana a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo. El objetivo será presentar los principales hallazgos de la advertencia y hacer seguimiento a las medidas que se adopten frente a los riesgos identificados. Además, el órgano de control instó a la Supersalud a fortalecer de manera inmediata las medidas correctivas y justificar técnicamente la discrecionalidad en las intervenciones.