Más de $11 mil millones para seguridad de líderes de sustitución de cultivos y defensores de DH.

El Gobierno Nacional y  El Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación  por más de $11 mil millones de pesos para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.
 
“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada. Esta apuesta será financiada por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU, a través del Fondo Multidonante, y cuenta con el apoyo de países donantes comprometidos con la paz de Colombia”, aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.
 
El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional al proyecto de prevención y protección colectiva del gobierno a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.
 
“Este  aporte de 2 millones 500 mil dólares del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.
 
Archila adelantó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.
 
Mil personas se beneficiarán directamente y más de 10 mil de forma indirecta. El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación.
 
El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.
 
Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó.
 
En la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense y el Cauca los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.
 
Cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.
 
El Fondo Multidonante aportará el equivalente a 2.5 millones de dólares y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.
 
En la ejecución del proyecto  participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODOC).
 

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