Comunidades de la cordillera en El Patía Cauca manifiestan voluntad para vincularse a la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Las comunidades organizadas de la cordillera occidental de los Andes en jurisdicción del municipio de El Patía en el sur del Cauca, expresaron su voluntad para vincularse a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, según una extensa comunicación que le enviaron al Presidente, Iván Duque Márquez, al gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí y a otros funcionarios dle gobierno nacional y delegados de la OEA. 

Ante esa voluntad, damos a conocer el texto de esa comunicación:

"La comunidad organizada del Municipio del Patía, teniendo en cuenta los acuerdos de la Habana (entre FARC-EP. Estado) y recordando que uno de los fundamentos de la nación Colombiana la participación ciudadana, reconocimiento de mandato constitucional, la cual debe desarrollase en dos sentidos; por un lado como construcción de la paz y por el otro como planeación, ejecución y seguimiento de planes de desarrollo en los territorios. Que de acuerdo con dichos mandatos se trata de generar confianza entre el Estado y las comunidades. Estas reunidas en asambleas veredales y corregimentales hacemos MANIFESTACION PUBLICA de continuar con nuestra voluntad de vincularnos al PROCESO DE SUSTITUCION en los términos, condiciones y objetivos estratégicos del acuerdo en general y en particular de lo contemplado en el punto 1 y 4 de dichos acuerdos. Y dado que durante este último mes (MAYO DEL 2020) se ha aprobado la aspersión tanto por el ministro de defensa, representado por Calos Holmes Trujillo, el Gobierno Nacional, como por la corte constitucional y dado el peligro que esto representa para nuestras comunidades. Ponemos en consideración lo siguiente:

1. Que desde el comienzo del proceso de paz mostramos nuestra voluntad de acceder a las políticas del Estado con relación a la sustitución de cultivos de coca; pero que, en el marco de las negociaciones, no vimos voluntad para garantizar vida digna a nuestras comunidades, exigencia fundamental, para las familias y único camino para la dejación del cultivo de coca.

2. Que se suspendan las aspersiones con glifosato, acogiendo las recomendaciones que elevó el misterio de salud y de la protección social, órganos de derechos humanos, organizaciones sociales en el 2015 y en la actualidad y en relación a las políticas de sustitución.

3. Que en el marco de los acuerdos de la Habana, las comunidades campesinas y cocaleras de este territorio tomaron la decisión de acogerse al plan de sustitución concertada a fin de encontrar una salida definitiva al problema de dichos cultivos. De este modo se manifestó y se manifiesta la voluntad de transitar por un camino diferente al de las labores de uso ilícito de la coca, bajo la garantía de que el Estado debe impulsar el desarrollo de las localidades en términos sociales económicos y de derechos, con políticas publicas reales para los campesinos.

4. Reconocemos que, para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción, comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que de un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurado un enfoque general de derechos humanos, salud pública, diferenciado y con un enfoque de género.

5. Consideramos que el tratamiento que se le da al cultivador de coca y al traficante de drogas no puede ser el mismo; puesto que el campesino se ve direccionado a este, por la falta de garantías estatales para mejorar la producción agrícola y sobrevivir; mientras que el otro, lo hace en términos de lucro, aliado en ocasiones con la institucionalidad; de este modo, vemos que hay un tratamiento indiferenciado de las políticas antidrogas, que no toma en cuenta nuestra particularidad como labradores de la tierra.

6. Que para nosotros la coca no representa un cultivo ilícito; por cuanto gracias a este, hemos podido desarrollar posibilidades económicas; las cuales, la institucionalidad nos ha negado históricamente y que gracias a ello garantizarnos un mínimo de dignidad. Por otro lado, considerar que debemos ser castigados y perseguidos los cultivadores, es profundizar las condiciones de vulnerabilidad de miles de personas que subsisten de esta actividad, es mantener la violencia del Estado contra las comunidades pobres y campesinas, y la estigmatización de una actividad con la cual buscamos reunir lo mínimo para sobrevivir en medio del olvido a que nos han sometido.

7. Que es necesario y como lo dice el pacto, mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y medicinales de la coca como parte de la identidad cultural y territorial; además de abrirse a la posibilidad de otros usos industriales o científicos de la misma. sentimos que la solución asumida por el Estado no es real en tanto contrarresta los efectos, pero no brinda solución a las causas y mientras persistan las razones que llevan al uso ilícito de la coca, las políticas autoritarias no serán una salida definitiva al problema, solo un motivo para el desplazamiento.

8. Que un aspecto de la solución al problema de las drogas ilícitas es la solución definitiva al problema de la pobreza en el campo, para lo cual es necesario poner en marcha un nuevo programa rural como parte de la transformación estructural y que se encuentra esbozado en la RRI, contribuyendo a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por el uso ilícito de dichos cultivos.

9. Que al entrar en la sustitución concertada, deseamos que de manera gradual se nos incluya al programa nacional integral de sustitución (PNIS) y los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) en la que la participación de nuestra comunidad sea real a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos.

10.Que se reconozcan los acuerdo de la habana y se hagan efectivos para el campo el punto uno del acuerdo, reforma rural integral (RRI) desde nuestra particularidad, el punto 4 (cuatro), es decir, que los programas sean realmente con enfoque territorial; además, construidos, ejecutados desde, con y para las comunidades y desde sus organizaciones.

11.Que, atendiendo a los fundamentos y partiendo del hecho de que el municipio posee diferentes zonas territoriales y pisos térmicos (cordillera, plan y meseta), se generen apuestas productivas bajo el principio diferencial de nuestro territorio; es decir, basados en las características y potencialidades de nuestro espacio y por tal concertado con las mismas, esto es, planes y proyectos focalizados desde y para el territorio. que vemos nocivo para la seguridad alimentaria, la aspersión aérea y que para nuestro caso provoca menos daño la erradicación manual, asunto al que accederemos si hay acuerdos entre comunidad y Estado.

12.Creemos en una nueva posibilidad productiva y económica para la zona; sin embargo consideramos que para que esto se dé, debe existir un verdadero compromiso por parte de la institucionalidad del Estado en razón del abandono institucional. Esta solución, además de ser integral debe impulsar aspectos como la producción, la transformación y comercialización de productos para que el círculo productivo se concrete y exista una mayor posibilidad para los campesinos; opinamos que las propuestas deben cerrar las brechas entre campo y ciudad, ricos y pobres, empresarios y productores.

13.Que dada la situación de la pandemia, deja entrever la necesidad del campesino y sus labores, sobre todo en lo relacionado con la producción de comida. Que hoy más que nunca, se muestra la importancia y urgencia de una política clara del fortalecimiento de la actividad agraria, de cara a buscar alternativas de bioseguridad alimentaria y soberanía productiva.

14.Al decir integral planteamos que dichas medidas sean como lo traza el acuerdo; de este modo han de garantizar servicios públicos, agua, electricidad, salud, vivienda digna, vías, educación pertinente, subsidios a la producción de alimentos y protección del medio ambiente (agua, vegetación)

15.Pensamos que para construir la paz resulta necesario buscar una solución definitiva y estructural al problema de la pobreza en el campo, solo de esa manera, se puede también dar un tratamiento definitivo al uso ilícito de la coca en la región; es decir, se deben impulsar políticas de producción, trasformación y comercialización de lo producido por los campesinos (lulo, café, caña de azúcar, plátano, yuca) entre otros.

16.Es necesario aclarar que solo una propuesta productiva respetable, nos permitiría terminar con el cultivo de la coca desde su uso ilícito, por ello, es obligatorio dejar claro que inicialmente hablaríamos de , lo que significa que si no hay alternativas claras, ni compromisos reales, los campesinos tendríamos que volver a estos medios de trabajo para poder sobrevivir. Hecho lamentable nos solo para nuestras comunidades, sino para ustedes como institución, porque significaría el fracaso de una apuesta que podría haber dado la salida definitiva aun problema y que por falta de voluntad, no ya comunitaria, sino institucional, termina en la repetición de muchas apuesta fracasadas.

17.Los (las) campesinos sabemos que la mediación, en proyectos, es un factor de corrupción que impide que los recursos lleguen para beneficiar a nuestras comunidades en su totalidad; por ello, consideramos que es ineludible buscar y crear los mecanismos de interlocución directa que garanticen la aplicación de los recursos desde y para la comunidad; es decir, se dé desde un enfoque de participación y simetría, dando valor agregado, prioridad a las organizaciones comunitarias locales.

18.Estamos de acuerdo con la asistencia inicial y los proyectos a corto y mediano plazo (PAI), pero, también conocemos que este tipo de apuestas no son soluciones reales al problema campesino; de este modo, abogamos por una medida definitiva al problema de la pobreza, el reconocimiento y las garantías de trabajo digno; es decir, se trata de un tratamiento estructural con políticas publicas claras, pertinentes y concertadas con las comunidades, desde los territorios, basados en la vida y los intereses campesinos, lejos de las tendencias transnacionales.

19. Vemos la necesidad de que se impulse una política a favor de la vida y el desarrollo de nuestra identidad, más allá de intereses multinacionales, mineros, petroleros, agroindustriales, y del agua. Defendemos la necesidad de seguir habitando los territorios y de continuar siendo campesinos, así como de seguir produciendo nuestra comida y la del país.

20.Que es necesario que al campesino se le reconozca como sujeto de derecho y se le garantice en condiciones de simetría su labor y su existencia. valoramos las soluciones dadas por el Estado como acciones que acrecientan la desigualdad y diferenciación en materia de justicia, dignidad y valor. Que la aspersión no es la solución al problema del cultivo de la coca y que esto por el contario, agrava los niveles de pobreza, desplazamiento y descontento ante las instituciones, las cuales pierden su legitimidad.

21.Consideramos que si los acuerdos se direccionan desde un enfoque de género, abogamos por propuestas que integren a la mujer campesina, teniéndolas en cuenta de manera real; ya que ellas juegan un papel importante en nuestra comunidad y economía; por ello, se deben impulsar programas guiados hacia su bienestar y necesidades particulares.

22.Que nos encontramos articulados a las propuestas de corte departamental, regional y nos acogemos a los acuerdos que desde estas instancias se logren, siempre y cuando la interlocución tenga en cuenta nuestras necesidades.

23.Los campesinos cultivadores de coca del municipio de Patía imaginamos que es posible crear una ruta de implementación de acuerdos que beneficien a todas las familias del campo en la que se garantice el sustento de sus hogares ya sea, mediante otros usos de la coca o la producción de alimentos; además, de un adecuado compromiso que re direccione sus actividades por parte de la institucionalidad a fin de construir dignidad.

24.De igual modo enfatizamos que los campesinos no somos narcotraficantes, somos trabajadores dispuestos a apoyar una sustitución concertada que traiga beneficios a los municipios y departamentos, y nos den la garantía del buen vivir del cual habla el acuerdo; entendido este, como posibilidad de escuelas, centros de salud, agua potable, vías, planes de desarrollo, electricidad a bajo costo; vemos el acuerdo de paz como una oportunidad para mejorar las vidas y reconocimiento de miles de nuestras familias.

25.Sabemos que en la aplicación del acuerdo de paz beneficiara a nuestras familias que se encuentren en los territorios afectados por la presencia de cultivos, sin importar si tienen relación directa con los mismos. Es decir, como campesinos comprendemos los efectos los efectos que tiene sobre el tejido social la economía vinculada con el uso ilícito de estos cultivos; de ahí que las acciones no se limitan, solo a la condición de cultivador de dichas plantas, ni a la eliminación de la plantas sin más. La búsqueda de la superación de las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, se aplica a toda la comunidad en general y debe tener un carácter integral, enfocado en los contextos culturales y condiciones del territorio.

26. Reiteramos que si bien los PAI son una medida inmediata, estos no constituyen una solución real, pues nuestro objetivo consiste en generar una salida estructural bajo la implementación de los acuerdos que beneficien a las familias campesinas que buscan el sustento de sus hogares a través de la siembra, procesamiento y comercialización de hoja de coca, se trata de un cambio estructural del campo y de una política agraria con verdaderas garantías para los trabajadores del campo.

27. Que se hace necesario fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades y sus organizaciones, mediante su participación directa de en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación, y control y veeduría ciudadana del PNIS, en desarrollo del principio de construcción conjunta, participativa y concertada entre las comunidades – hombres y mujeres – y las autoridades institucionales y responsables del acuerdo.

28.Reconocemos que un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto en la manifiesta voluntad de las comunidades - hombre y mujeres – de transitar caminos alternativos a los usos ilícitos del cultivo y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de la vida de trabajo para el bienestar y buen vivir. Con el fin de formalizar ese compromiso y la decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito, se celebraran acuerdos entre las comunidades el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio.

29.Así mismo entendemos que el acuerdo incluye la formalización del compromiso de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los usos ilícitos de los cultivos, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas prohibidas derivadas de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo económico campesino.

30.Reiteramos que una salida real al problema debe tener carácter integral. El problema de lo rural, no se soluciona con la simple erradicación forzada o voluntaria, por el contario esto agrava los problemas, por lo tanto lo que se requiere es voluntad para generar políticas claras en materia económica, de derechos y sociales y culturales. Reiteramos que a participación de las comunidades a través de asambleas comunitarias, definirán la estrategia para la sustitución de cultivos a seguir entre Estado y comunidad; igualmente, en asambleas se deberá elaborar la propuesta sobre la base de un diagnóstico colectivo que permita definir las necesidades que tienen los cultivadores y recolectores.

Desde este sentido las comunidades cocaleras y comunidad en general del municipio de Patía exigen:

a). Al Estado colombiano.

Suspender para nuestro departamento y en especial para el municipio de Patía la aspersión con glifosato en el área o buscar alternativas a esta, mediante otro tipo de apuesta y concertada con la comunidad. Volver a retomar el cumplimiento de los acuerdos bajo las recomendaciones que al respeto hacen las organizaciones sociales, la comunidad y las comisiones relacionadas con el fin del conflicto en relación a los puntos cuatro y uno del acuerdo por la paz. Adelantar las condiciones necesarias para lograr garantizar una salida estructural al problema en los que prevalezcan el derecho a la vida, la libertad, a la dignidad campesina y afro descendiente, propuestas en las que se mejoren los aspectos personales, familiares y económicos de las comunidades y sus territorios, es decir, garantizar vida digna. Desarrollar las acciones jurídicas necesarias que permitan la aplicación pronta de los acuerdos, basados en principios de simetría y participación comunitaria, O en su defecto generar políticas para los campesinos que mitiguen el impacto de las decisiones de choque realizadas desde el Estado, sin un verdadero consentimiento de la comunidad.

b). A la Gobernación del Cauca

Que desde el departamento se impulsen las iniciativas de las comunidades y se adelanten las medidas legales y gestiones necesarias para garantizar acuerdos en los municipios que beneficien a las comunidades sin matices políticos, basados en la necesidad de superar las condiciones que dieron pie al desarrollo de la violencia y la implantación del uso ilícito de la coca. Que las decisiones que se coordinen sean de beneficio para los campesinos de carne y hueso, sin intermediarios, en y desde sus territorios. Que se destaque con sus posturas en defensa de los campesinos (sin distingos) y proponga políticas a fin de mejorar o superar las actuales condiciones del sector, esto de modo directo, sin beneficio para particulares o de empresas locales o transnacionales. Que apoye la solicitud expresa en esta carta de intención y sea asumida como principio no solo para esta localidad en sus aspectos positivos.

c). Al Municipio de Patía.

Trabajar con las comunidades para impulsar una agenda local, departamental y nacional en la que se busque se respeten los acuerdos y su aplicación en beneficio de las comunidades. La comunidad de este modo se compromete, en la medida de que las soluciones sean concretas, estables y equitativas a no continuar con la siembra y resiembra de coca, así como de evitar el uso ilícito de la misma. Que como funcionario asuma el deber de ser vocero de las comunidades en todo expuesto en esta carta de intención.

d). A todos en general.

Tanto el gobierno nacional, como departamental y municipal deben contribuir en la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos en su uso ilícito, mediante el impulso de planes integrales comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, diseñando en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas proyectos, aportando con la gestión, de recursos, formación técnica, empresarial a los campesinos a fin de generar los cambios estructurales en nuestro territorio. Se debe abrir la discusión sobre los derechos campesinos y su reconocimiento diferenciado.

 

Corregimientos de la Cordillera del Municipio de Patía: Cocaleros, Juntas de Acción Comunal, Agro Patía, y comunidad en general".

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